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COVID – 19

Jun 01
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DECLARACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

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Siguiendo las recomendaciones de Oslo[1] de la segunda sesión sobre Gran Corrupción (“Corruption involving Vast Quantities of Assets”), donde se reunieron 140 expertos de más de 50 países, del 12 al 14 de junio de 2019, en línea con las recomendaciones de la primera sesión sostenida en Lima en diciembre de 2018[2], los países firmantes declaramos lo siguiente:

  1. Todas las formas de corrupción en general, y en particular la gran corrupción, tienen un impacto muy negativo en la paz y seguridad globales, los derechos humanos[3], el clima y la biodiversidad; todos ellos Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por las NNUU como la agenda global al 2030.
  2. A raíz de la pandemia del SARS COVID 19, la violación de derechos humanos derivadas de la corrupción ha sido masiva, a través de diversas prácticas corruptas en la adquisición de equipos médicos, medicinas, vacunas, así como el otorgamiento de asistencia económica a los afectados por la pandemia. La corrupción refuerza los privilegios, como el acceso a la asistencia sanitaria y las prestaciones socioeconómicas, de algunos cuantos, a costa de la vida y la salud de millones de seres humanos.
  3. Lo que está ocurriendo con la corrupción en el contexto de la pandemia nos obliga a reiterar la necesidad de transparencia y responsabilidad en los contratos gubernamentales, en particular en aquellos que son esenciales para la supervivencia de millones de personas, como los contratos para la compra de vacunas; la necesidad de una gestión más estricta de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos con capacidad para otorgar dichos contratos; la relevancia de contar con autoridades judiciales y organismos de monitoreo profesionales e independientes para garantizar que se cumplan las funciones sin influencias políticas, así como la importancia de identificar al último beneficiario en todo contrato que involucre vastas cantidades de bienes y dinero.
  4. Es indispensable que los Estados hagan un esfuerzo por identificar a las víctimas de la corrupción, tanto individuales como colectivas, y establezcan mecanismos de compensación por los daños que han sufrido. En particular, la compensación debe estar orientada a que reciban los bienes y servicios públicos que la corrupción ha desbaratado.
  5. No puede haber impunidad para los responsables de la corrupción. Deben alentarse las investigaciones conjuntas entre los Estados involucrados, eliminar la inmunidad para sus autores, sancionar a los profesionales que la facilitan (abogados, contadores, banqueros, etc.), e implementar un mecanismo de supervisión internacional como un Comisionado Especial Anticorrupción. Los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general son los más indicados para alertar de los daños causados y es necesario asegurar, proteger y respetar su participación en la solicitud de aplicación y compensación de los daños colectivos derivados de la corrupción.

Firmantes:

 Organizaciones nacionales, regionals y globales

  1. Acción Ciudadana, Guatemala
  2. Africa Centre for Open Governance (AfriCOG), Kenya
  3. Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), Nigeria
  4. Al-Nahrain Foundation for Supporting Transparency and Integrity (NFTI), Iraq
  5. Anti Corruption International, Gambia
  6. Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía, Perú
  7. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)
  8. Asociación para una Sociedad Más justa, Honduras
  9. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
  10. AWTAD Anti-Corruption Organization, Yemen
  11. Belize PEACE Movement
  12. Central Asian Research Institute on Corruption and Money Laundering, Kyrgyzstan
  13. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, Perú
  14. Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption, Democratic Republic of the Congo
  15. Centre for Civil and Political Rights, Switzerland
  16. Center for the Study of Democracy, Bulgaria
  17. Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia, Perú
  18. CooperAcción, Perú
  19. Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. (DLM),  México
  20. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
  21. Fomento de la Vida (FOVIDA), Perú
  22. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
  23. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
  24. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), El Salvador
  25. Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana  (TI Panamá)
  26. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps),  Argentina
  27. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Austria
  28. Government Accountability Project, USA
  29. Impunidad Cero, México
  30. Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
  31. Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH), Perú
  32. International Association for Advancement of Innovative Solutions to Global Solutions, Austria
  33. Jordan Transparency Center
  34. Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption (LICOCO), Democratic Republic of Congo
  35. Movimiento Manuela Ramos, Perú
  36. Poder Ciudadano, Argentina
  37. Proética (TI Perú), Perú
  38. SEDYS Trujillo, Perú
  39. Semillas para la Democracia, Paraguay
  40. TOJIL, México
  41. Transparency International Anticorruption Center, Armenia
  42. Transparency International Germany
  43. Transparency International Georgia
  44. Transparency International Taiwan
  45. Transparency Mauritius
  46. Transparencia Mexicana (TI México)
  47. Transparency Morocco
  48. Transparencia por Colombia
  49. Transparencia Venezuela
  50. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania
  51. Uruguay Transparente
  52. Yemeni Observatory for Human Rights
  53. World Society of Victimology

Redes, Asociaciones privadas, organismos de la Diócesis

  1. Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque, Perú
  2. Cámara de Comercio de Lima, Perú
  3. Comisión de Justicia Social Chimbote, Perú
  4. Consejo Privado Anticorrupción, Perú
  5. Empresarios por la Integridad, Perú
  6. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), Perú

Ciudadanos y Ciudadanas

  1. Miguel Ángel Gómez Jácome, México
  2. Naomi Roht-Arriaza, Distinguished Professor of Law, University of California, Hastings
  3. Karen Hussmann, Member of International Council of Transparency International
  4. Michael O’Connell, Consulting Victimologist, Australia
  5. Cruz Silva Del Carpio, Coordinadora del GTCC, Perú*
  6. Jaime José Galdos Cruz, Activista y promotor de derechos, Perú*
  7. Irma Ganoza, Coordinadora de la región La Libertad, Perú*
  8. Christian Breustedt, Perú*
  9. Juanita Olaya García, Colombia y Alemania
  10. Grzegorz Malowski, Assistant Professor of Sociology, Warsaw School of Economics, Poland.
* Miembros del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – GTCC (Perú)
[1]https://www.unodc.org/documents/corruption/meetings/OsloEGM2019/Oslo_Outcome_Statement_on_Corruption_involving_Vast_Quantities_of_Assets_-_FINAL_VERSION.pdf
[2] https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/Lima-egm-2018.html
[3]Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción genera, directa o indirectamente, la violación de los derechos humanos o forma parte del contexto que favorece las violaciones graves de estos derechos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Corruption and Human Rights: Inter-American Standards. OEA/Ser.L/V/II, doc. 236, December 6, 2019, paras. 136, 138 and 246, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/CorruptionHR.pdf.